Las disposiciones legales protegen los intereses ambientales con una clara tendencia ‘antropocéntrica’, es decir, buscan garantizar la satisfacción de las necesidades de la población asegurando la disponibilidad de los recursos para generaciones posteriores; sin embargo encontramos en la misma LGEEPA con posterioridad a las reformas del 13 de diciembre de 1996, una disposición con tendencia ‘naturocentrista’ que pretende otorgar protección a un área, con espíritu conservacionista estricto, sin tomar en cuenta factores que están directamente relacionados con el entorno ambiental, como lo económico o social, vulnerando los derechos humanos de los pobladores dentro y en las inmediaciones de la reserva, lo que implica la generación del conflicto normativo.

Para quienes viven en la pobreza, los Objetivos de Desarrollo del Milenio no han sido nunca objetivos abstractos o meras aspiraciones, sino que constituyen el camino hacia una vida mejor. Una vida con acceso a alimentación e ingresos adecuados, servicios básicos de educación y salud, servicios de agua potable y saneamiento y al empoderamiento de la mujer. En pocas palabras, el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio es un hito importante en nuestra búsqueda de un mundo más justo y pacífico.

“Mirar al sureste mexicano, parar la represión, solidarizarse con las víctimas de la misma”. Un llamado activo que no esconde una cierta angustia por los hechos que se viven en los Estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero. El 26 de junio se conmemora el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura establecido por la ONU. Ocasión oportuna para observar la realidad mexicana, en particular la de Oaxaca.

Éste es mi reporte a la RUDH como comisionado a la segunda caravana de ayuda humanitaria para el pueblo autónomo de los triquis. Una vez más la sociedad organizada ha sido derrotada. Si nuestros gobiernos resuelven aniquilar comunidades enteras como en San Juan Copala, ¿hasta cuándo lo vamos a permitir? Si no entendemos que no bastan las luchas de resistencia para cambiar las cosas, que no basta la autonomía, que no basta la abstención electoral, que no basta la insurrección, que no basta la lucha por los presos, que no basta una caravana humanitaria, que no basta la solidaridad, que no basta con sobarnos los golpes y lamernos mutuamente las heridas. Si no entendemos que debemos pasar a la ofensiva, entonces la esperanza y el futuro de nuestros hijos, de nuestra patria y de la humanidad entera, han quedado cancelados.

Con la creación de la Corte Penal Internacional, el 17 de julio de 1998, se perdió una oportunidad magnífica para enjuiciar los crímenes ecológicos –daños graves al medio ambiente, causados deliberadamente o por negligencia culpable– que aunque sí que se previeron en los primeros borradores realizados por la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, acabaron desapareciendo del texto definitivo al igual que le sucedió a otros delitos, como el tráfico de estupefacientes o el de órganos humanos; de esta forma, la competencia de la Corte se centró, exclusivamente, en los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión.

A medida que avanzan en el país las distintas industrias extractivas (petróleo, minería, monocultivos industriales) se incrementan como respuesta la organización de las comunidades rurales y pequeños pueblos, que resisten el avance empresarial. Un relevamiento de conflictos territoriales y ambientales sobre seis provincias del noreste argentino confirma esta situación. El agronegocio y las empresas extractivas privatizan las ganancias y socializan los problemas.

El aceite o el biodiesel de Palma Africana tienen a la violencia como aditivo. En Indonesia, en África o en Colombia, la depredación ambiental, la represión a las comunidades indígenas y campesinas, y el antisindicalismo son algunas de las huellas de la identidad violenta del cultivo industrial de la Palma Africana.

Cuando los ricos y poderosos deforestan, le quitan la comida de la boca a los hijos de los pobres. No es difícil entender por ende que el problema de la tierra, el territorio y la defensa del bosque es el motivo fundamental de la masacre del año pasado. Son dos visiones antagónicas. Un Estado, como el nuestro, pionero en el mundo en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas, urge se manifieste de manera concreta, creativa y efectiva en la vastedad amazónica. No alcanzó el hecho indudable de haber parado las matanzas que se iniciaron un año atrás: hay que acabar con el sistema, el aparato y la superestructura que hacen que matar en la Amazonía sea un hecho normal, habitual, previsible.

El Derecho de Acceso a la Informacion es un Derecho Humano fundamental. Aqui vemos, tomando algunos ejemplos de Venezuela, Honduras, Peru y Ecuador cómo los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos.

Cabría preguntarse dónde está el límite ante el cual, un alimento alejado de sus propiedades naturales y tradicionales, puede seguir llamándose igual que sus ancestros. Se comercializan y consumimos alimentos adulterados y prefabricados que perdieron cualquier ápice de naturalidad. Ahora bien, lo que pretende razonar este artículo nada tiene que ver con este proceso que cada vez más gente empieza a revertir, sino más bien, con la información -desinformación- que se le proporciona al consumidor.

Las normas del Estado Español en materia de inmigración limitan el derecho al trabajo, a la residencia, a la asistencia sanitaria, a la Seguridad Social y a los Servicios Sociales, a la intimidad personal, a la vida en familia, a la educación, al sufragio, a la seguridad jurídica, a la igualdad ante la ley, a la presunción de inocencia y a la libertad, promoviendo el control y la violación de la intimidad, la discriminación en los trámites administrativos, la criminalización de la ayuda a la inmigración irregular... endureciendo para ello los métodos y tratamiento policiales.

Hemos realizado esfuerzos para monitorear la situación que se vive y consideramos importante destacar la militarización en varias entidades públicas del país, la reactivación y colocación en puestos públicos a miembros del escuadrón de la muerte conocido como 3-16, responsables de la desaparición forzada que vivió en la década de los años 80’s, lo que ha dado como resultado varias violaciones a los sagrados principios fundamentales, contemplados en la Carta Magna de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Continúanlos combates, el minado, el confinamiento de comunidades, los desplazamientos masivos, los asesinatos. Un parámetro del nivel del conflicto es el desplazamiento de comunidades enteras. Las cifras de la Consultaría para los Derechos Humanos y el desplazamiento (CODHES), indican que existen más de 4 millones de desplazados, más de un millón de los cuales se dieron en los últimos cuatro años. Según Naciones Unidas, Colombia ocupa el segundo lugar en desplazamiento, en el mundo. Es un indicador que contrarresta, por si solo, los discursos triunfalistas que se proyectan en el exterior.

La masacre perpetrada el Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio, contra indios amazónicos por el gobierno de Alan García, es el último capítulo de una larga guerra por la apropiación de los bienes comunes, apoyada en la firma del TLC entre Perú y los Estados Unidos.

La recesión económica mundial reproduce el patrón del cambio climático: los ricos han causado la mayor parte de la destrucción, pero son los desfavorecidos quienes sufren las peores consecuencias. Aunque nadie está a salvo de la amarga punzada de la crisis económica, las cuitas de los países ricos no son nada comparadas con las calamidades que se ciernen sobre los más pobres. Caminamos sobre un polvorín de desigualdad, injusticia e inseguridad que está a punto de estallar

Hay una la realidad cotidiana de millones de personas que ahora viven bajo constante terror. Historias de niños dejados atrás cuando la migra (autoridades migratorias) se lleva a sus padres. De familias aterrorizadas cuando agentes entran a sus casas pateando puertas y llevándose esposadas a personas cuyo único crimen es trabajar. Terror de perder todo y encontrarse deportado en alguna ciudad de la frontera sin un centavo. Historias de años de detención, inyecciones forzadas de fármacos antipsicóticos peligrosos y procesos legales manipulados. Y abundan, también, las historias de los cientos de personas que mueren cada año tratando de cruzar una frontera cada vez más militarizada.

Según el abogado sevillano Manuel Castañón, el derecho a un medio ambiente adecuado debe ser un derecho fundamental (...) no es suficiente con pagar la contaminación causada; en muchas ocasiones, nuestro hábitat no puede reemplazarse y la sociedad necesita instrumentos cada vez más robustos de protección frente a esos ataques”.

Los estados deben evitar que terceras personas, como por ejemplo las transnacionales, violen los derechos humanos de sus ciudadanos (obligación de proteger); evitar que sus propios funcionarios violen estos derechos (obligación de respetar); y tomar medidas en todos los niveles para facilitar la comprensión y conciencia que haga posible una sociedad respetuosa en la que todos sus miembros respeten los derechos humanos (obligación de garantizar).

Cuando el Presidente Barack Obama hizo su aparición pública con el Presidente turco Abdullah Gul el lunes, en el marco de su primer viaje a un país musulmán, agentes federales de Estados Unidos se preparaban para arrestar a Youssef Megahed en Tampa, Florida. Apenas tres días antes, el viernes, un jurado de un tribunal federal de distrito de Estados Unidos lo había absuelto de los cargos por los que ahora lo van a deportar.

Los estados tienen la misma responsabilidad en cuanto a las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales y las violaciones a los derechos civiles y políticos. Los pactos imponen a los Estados tres tipos de obligaciones distintas: las de respetar, proteger y cumplir. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones constituye una violación de estos derechos. Dichos incumplimientos generan responsabilidad internacional que ameritan una condena al Estado y una reparación a las víctimas.